El artículo 22 de nuestra Constitución abre diciendo que “Se reconoce el derecho de asociación”, para acabar afirmando: “Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.”
Históricamente las sociedades secretas han abundado en España y aún hoy siguen existiendo. Excluyendo organizaciones de mucho ruido pero poca representatividad social, por su notorio arraigo y las importantes esferas de influencia que ha llegado a tener, la sociedad “discreta” que más ha impactado en la vida española ha sido la masonería. Así lo relata el recientemente aparecido libro de Vicente Alejandro Guillamón, “Los masones en el Gobierno de España” (Ed. Libros Libres), que relata los reiterados asaltos al poder de esta organización en los dos últimos siglos.
La influencia política mundial de la masonería y de toda clase de asociaciones afines es bien conocida. Una pequeña enciclopedia sobre el asunto es el libro de Manuel Guerra “La trama Masónica” (Ed. Styria). Si algo se deduce de este estudio es que la masonería no conoce fronteras ni colores políticos: ella se sitúa por encima de los vaivenes electorales, buscando mantener siempre una esfera de influencia, ocurra lo que ocurra en las urnas, en cuyos resultados, dicho sea de paso, no se priva de tratar de influir. Su tupida red funciona con eficacia y perdura en el tiempo.
El estudio del tema permite concluir que el porcentaje de parlamentarios, ministros y altos cargos que son masones es muy, muy superior al de ciudadanos que pertenecen a estas organizaciones.
Desde Proyecto Cívico contemplamos preocupados cómo en los últimos años se ha legislado en materias tan fundamentales como la estructura territorial del Estado, la familia o el derecho a la vida sin escuchar a la ciudadanía; y no digamos ya teniendo en cuenta a los demás poderes de Estado o a los órganos consultivos del Gobierno. Y todo esto ha ocurrido en un proceso imparable de concentración de poder en unas pocas manos… mientras se van vaciando los bolsillos de los ciudadanos. Libertad y propiedad van juntas y no cabe duda que en situaciones de apuro económico la dependencia y sumisión del ciudadano aumentan. Así es más fácil imponer la dictadura del relativismo.
Nuestra Constitución proclama que España es una democracia. Esto exige que el poder esté en manos de ciudadanos libres e iguales, no en manos de una oligarquía excluyente de contornos difusos y procedimientos oscuros.
En esto la Constitución es incompatible con los postulados masónicos que en su aparentemente humanista, espiritualista y hasta mesiánica visión de sí mismos, no son más que una organización que asegura a sus miembros beneficios y prebendas, sirviendo incluso de trampolín para llegar al poder.
El discurso que hizo que matasen a Kennedy decía: “La palabra secretismoes repugnante en una sociedad libre y abierta. Y estamos como colectivo, inherente e históricamente opuestos a las sociedades secretas y a los juramentos y los procedimiento secretos.
Para los que nos oponemos en todo el mundo a una conspiración monolítica y despiadada dependiente de la codicia para expandir un temor infundado a sus influencias, en la infiltración en lugar de la invasión, en la subversión en lugar de las elecciones, en la intimidación en lugar de la libre elección. Se trata de un sistema que ha reclutado gran cantidad de recursos materiales y humanos en la construcción de una máquina bien construida y altamente eficiente, que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Sus preparaciones son ocultas, no se publican. Sus fallos se entierran, no hacen titulares. Sus disidentes son silenciados, jamás alabados. No se cuestionan sus gastos, ningún secreto es revelado.
Esto es por lo que el legislador ateniense Solón decretó como crimen que cualquier ciudadano se encogiese ante la controversia. Les pido a ustedes su ayuda en la gran tarea de informar y alertar a la gente de América, con la confianza de que con su ayuda, el hombre pueda ser lo que nació para ser: libre e independiente.”
A día siguiente le mataron
Desde Proyecto Cívico preguntamos si no cabría reclamar que entre las declaraciones que nuestros altos cargos están obligados a hacer, no figurase también la de declarar su pertenencia a asociaciones, porque no siempre será compatible con el servicio a la Constitución, al país y al bien común. Sin embargo nuestros representantes deben ser un espejo de la sociedad y su prioridad en todo momento, el servicio al pueblo español.
Y como siempre esperamos sus informaciones y sus comentarios porque con ellos vamos haciendo nuestro Manifiesto Cívico.
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