La nueva norma permite al órgano de contratación un “diálogo competitivo” con los candidatos a la ejecución, lo que podría favorecer a uno de ellos. Además, no regula la urbanización, y podrían multiplicarse las obras inacabadas.
La maquinaria de la nueva Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (LCSP) ha comenzado a engrasarse con lentitud. No en vano, la norma aglutina 309 artículos y decenas de disposiciones; un denso mar legislativo en el que no escasean las novedades. Mientras las empresas continúan asistiendo a cursos para aprender a adaptarse a ellas, los juristas han puesto la lupa sobre las innovaciones más conflictivas.
La más criticada se refiere a la adjudicación de los contratos y a una nueva figura denominada “diálogo competitivo”, para contratos complejos. Éste es un procedimiento en el que “el órgano de contratación dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta”, señala el artículo 163 de la LCSP. Es decir, que las prestaciones no se encuentran completamente definidas desde el comienzo, sino que son progresivamente precisadas a través de un intercambio de información con los operadores económicos.
“Esto, en la práctica, puede provocar una clara discrecionalidad por parte del órgano de contratación para la adjudicación”, señala Lucio Rivas, socio del bufete Urbe Asesores Jurídicos y técnico urbanista.
La norma establece, además, que “los órganos de contratación podrán establecer primas o compensaciones para los participantes en el diálogo”. Acto seguido, la LCSP hace un llamamiento a la objetividad: “El órgano de contratación dará un trato igual a todos los licitadores y, en particular, no facilitará, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto”. En el día a día, esto es muy difícil de evitar, según los expertos consultados por este diario.
De hecho, se seleccionará la oferta económicamente más ventajosa, pero tomando en consideración, “necesariamente, varios criterios”, sin que sea posible adjudicar el contrato únicamente basándose en el precio ofertado.
Urbanismo
Esto último abre aún más la puerta a la discrecionalidad, según las fuentes consultadas. Pero el “diálogo competitivo” no es la única crítica fundamental que le hacen a la LCSP. La nueva ley no ha regulado las obras de urbanización, que tienen una función pública y “esta vez sí, son de competencia estatal”, asegura Antonio Ñudi, socio de Urbe Asesores. A la ejecución de estas actuaciones puede concurrir el agente urbanizador, contratista ejecutor de la obra que puede ser la Administración o un particular ?sea o no propietario del terreno? seleccionado en pública competencia.
En la anterior norma de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP) se exigía al contratista que acreditase su solvencia con clasificación (documento que conceden las administraciones) para obras superiores a 120.202 euros. La LCSP eleva la cuantía a 350.000 euros, “pero el agente urbanizador no tiene obligación de acreditar clasificación, con lo que puede urbanizar sin la solvencia necesaria, cuando las autovías, por ejemplo, se les conceden a los más fuertes, que tienen que estar registrados”.
De hecho, los expertos temen un aluvión de contratistas que no puedan sostener el costoso importe de las obras de urbanización (que casi siempre supera los 350.000 euros). “Las garantías de lograr el fin perseguido (urbanizar) se ven seriamente mermadas, sobre todo ahora que desaparecen numerosas empresas que han sido adjudicatarias de grandes obras de urbanización que no podían ejecutar”, añade Ñudi.
“Hubiera sido deseable que la LCSP recogiera una tipología de contrato para la actividad urbanística. Es una oportunidad perdida”, apostilla.
Corredor pide al sector que “arrime el hombro” para suavizar la crisis
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró que espera que lo peor del reajuste del sector de la construcción haya pasado ya y subrayó que espera que el mercado empiece a notar los efectos de las medidas adoptadas por el Gobierno en el tercer trimestre del año.
En la inauguración del décimo Encuentro Sectorial sobre Vivienda en España organizado por la revista Metros Cuadrados, Corredor afirmó que el sector de la construcción necesita “una intervención inmediata”, aunque recordó que “en un sistema de libre mercado, éste debe autorregularse con el menor coste social posible”. En su opinión, el mercado inmobiliario “estaba en una mecánica de crecimiento insostenible por sus tensiones especulativas”.
Sobre la economía española en general, Corredor señaló que atraviesa “una situación difícil y complicada que se ceba especialmente en el sector de la construcción”. Aseguró que es necesario “un cambio de modelo productivo y una vuelta a la normalidad” para recuperar la senda de crecimiento, y añadió que en el contexto actual “cada cual deberá asumir su responsabilidad y arrimar el hombro”.
El presidente de los promotores madrileños (Asprima), José Manuel Galindo, afirmó que la “verdadera dimensión” del ajuste en el sector de la construcción residencial se conocerá cuando “se purgue todo el stock” de pisos que hay actualmente, informa Servimedia. Este proceso podría durar tres o cuatro años.
La más criticada se refiere a la adjudicación de los contratos y a una nueva figura denominada “diálogo competitivo”, para contratos complejos. Éste es un procedimiento en el que “el órgano de contratación dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta”, señala el artículo 163 de la LCSP. Es decir, que las prestaciones no se encuentran completamente definidas desde el comienzo, sino que son progresivamente precisadas a través de un intercambio de información con los operadores económicos.
“Esto, en la práctica, puede provocar una clara discrecionalidad por parte del órgano de contratación para la adjudicación”, señala Lucio Rivas, socio del bufete Urbe Asesores Jurídicos y técnico urbanista.
La norma establece, además, que “los órganos de contratación podrán establecer primas o compensaciones para los participantes en el diálogo”. Acto seguido, la LCSP hace un llamamiento a la objetividad: “El órgano de contratación dará un trato igual a todos los licitadores y, en particular, no facilitará, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto”. En el día a día, esto es muy difícil de evitar, según los expertos consultados por este diario.
De hecho, se seleccionará la oferta económicamente más ventajosa, pero tomando en consideración, “necesariamente, varios criterios”, sin que sea posible adjudicar el contrato únicamente basándose en el precio ofertado.
Urbanismo
Esto último abre aún más la puerta a la discrecionalidad, según las fuentes consultadas. Pero el “diálogo competitivo” no es la única crítica fundamental que le hacen a la LCSP. La nueva ley no ha regulado las obras de urbanización, que tienen una función pública y “esta vez sí, son de competencia estatal”, asegura Antonio Ñudi, socio de Urbe Asesores. A la ejecución de estas actuaciones puede concurrir el agente urbanizador, contratista ejecutor de la obra que puede ser la Administración o un particular ?sea o no propietario del terreno? seleccionado en pública competencia.
En la anterior norma de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP) se exigía al contratista que acreditase su solvencia con clasificación (documento que conceden las administraciones) para obras superiores a 120.202 euros. La LCSP eleva la cuantía a 350.000 euros, “pero el agente urbanizador no tiene obligación de acreditar clasificación, con lo que puede urbanizar sin la solvencia necesaria, cuando las autovías, por ejemplo, se les conceden a los más fuertes, que tienen que estar registrados”.
De hecho, los expertos temen un aluvión de contratistas que no puedan sostener el costoso importe de las obras de urbanización (que casi siempre supera los 350.000 euros). “Las garantías de lograr el fin perseguido (urbanizar) se ven seriamente mermadas, sobre todo ahora que desaparecen numerosas empresas que han sido adjudicatarias de grandes obras de urbanización que no podían ejecutar”, añade Ñudi.
“Hubiera sido deseable que la LCSP recogiera una tipología de contrato para la actividad urbanística. Es una oportunidad perdida”, apostilla.
Corredor pide al sector que “arrime el hombro” para suavizar la crisis
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró que espera que lo peor del reajuste del sector de la construcción haya pasado ya y subrayó que espera que el mercado empiece a notar los efectos de las medidas adoptadas por el Gobierno en el tercer trimestre del año.
En la inauguración del décimo Encuentro Sectorial sobre Vivienda en España organizado por la revista Metros Cuadrados, Corredor afirmó que el sector de la construcción necesita “una intervención inmediata”, aunque recordó que “en un sistema de libre mercado, éste debe autorregularse con el menor coste social posible”. En su opinión, el mercado inmobiliario “estaba en una mecánica de crecimiento insostenible por sus tensiones especulativas”.
Sobre la economía española en general, Corredor señaló que atraviesa “una situación difícil y complicada que se ceba especialmente en el sector de la construcción”. Aseguró que es necesario “un cambio de modelo productivo y una vuelta a la normalidad” para recuperar la senda de crecimiento, y añadió que en el contexto actual “cada cual deberá asumir su responsabilidad y arrimar el hombro”.
El presidente de los promotores madrileños (Asprima), José Manuel Galindo, afirmó que la “verdadera dimensión” del ajuste en el sector de la construcción residencial se conocerá cuando “se purgue todo el stock” de pisos que hay actualmente, informa Servimedia. Este proceso podría durar tres o cuatro años.
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